Demis Hassabis ha sido durante mucho tiempo una de las voces más influyentes en el debate sobre el desarrollo seguro de la IA. Ahora va un paso más allá: en una publicación, el jefe de Google DeepMind aboga por la creación de un organismo internacional de supervisión de la inteligencia artificial — un organismo con autoridad real para frenar el desarrollo si los modelos frontera resultan ser demasiado peligrosos.
EE. UU. debería tomar la delantera
Según The Verge, Hassabis argumenta que EE. UU. es el ancla natural para tal iniciativa. La justificación es la posición dominante del país tanto en el desarrollo tecnológico como en la economía, lo que, a su juicio, lo convierte en el actor adecuado para establecer estándares globales.
Hassabis no es el primero en proponer la idea de una regulación internacional de la IA, pero es raro que un director ejecutivo en funciones de una de las empresas de IA más poderosas del mundo pida explícitamente un organismo de supervisión supranacional con capacidad de frenado.
Un jefe de IA en funciones que pide activamente una supervisión global con poder de detención — eso no es algo de todos los días en la industria.

Un panorama regulatorio dividido
La propuesta de Hassabis se enmarca en un panorama internacional cada vez más complejo. Varios procesos paralelos ya están en marcha:
El Consejo de Europa abrió en septiembre de 2024 su convenio marco sobre inteligencia artificial para su firma — el primer tratado de IA jurídicamente vinculante en el derecho internacional. Más de 50 países, incluidos estados de la UE, se han adherido. La convención exige que los sistemas de IA respeten los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho a lo largo de todo su ciclo de vida, y excluye la seguridad nacional y la defensa de su ámbito de aplicación.
Por su parte, la ONU ha recomendado un «AI Standards Exchange» (Intercambio de Estándares de IA) donde representantes de organismos de estandarización, empresas tecnológicas y la sociedad civil coordinarán definiciones y requisitos transfronterizos. El panel de alto nivel de la ONU publicó en septiembre de 2024 el informe «Governing AI for Humanity» (Gobernar la IA para la Humanidad), que concluyó que la necesidad de una regulación global de la IA es «irrefutable».
Los principios de IA de la OCDE, adoptados originalmente en 2019 y revisados en 2024, se consideran el primer estándar intergubernamental en el campo. Estos principios han sido fundamentales para la política nacional de IA en todo el mundo y han sentado, entre otras cosas, las bases para el Reglamento de IA de la UE.
¿Quién debería decidir realmente?
El desafío con la propuesta de Hassabis es el mismo que se aplica a la mayoría de las iniciativas regulatorias internacionales: ¿quién otorga legitimidad al organismo, qué tipo de mandato debería tener y cómo se evita que se convierta en un instrumento de ejercicio de poder geopolítico en lugar de una supervisión genuinamente técnica?
La estructura existente está fragmentada. El Consejo de Europa y la UE operan con marcos jurídicamente vinculantes. La ONU apuesta por la coordinación voluntaria. Los principios de la OCDE son influyentes, pero no jurídicamente vinculantes. Un nuevo organismo liderado por EE. UU. tendría que encontrar su lugar en este panorama — y convencer a países como China, que no son parte de ninguna de las iniciativas dominadas por Occidente, para que participen.
¿Credibilidad o lobismo?
Cabe señalar que Hassabis defiende esta postura como líder de uno de los laboratorios de IA con más recursos del mundo. La llamada a la regulación puede interpretarse como una preocupación genuina por la seguridad — pero también como un movimiento estratégico de una empresa establecida que ya cuenta con los recursos para cumplir con requisitos estrictos, a diferencia de los actores más pequeños.
La fuente de la declaración es una publicación de blog del propio Hassabis, reproducida por The Verge. No es un análisis científico ni un acuerdo político — y debe leerse en consecuencia.
Sin embargo: que una de las figuras más respetadas de la industria solicite ahora públicamente un mecanismo de frenado internacional, añade peso al debate regulatorio en un momento en que la presión por soluciones globales concretas es más fuerte que nunca.
